Categoría: Opinión

En 2023 se cumplen 30 años desde que Colombia asumió la responsabilidad de velar por la prevención de delitos relacionados con tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que con los años ha evolucionado en la implementación de sistemas de cumplimiento para la prevención de delitos como asociados al lavado de activos. Lo propio ocurre con la lucha por la transparencia y la ética empresarial, que en Colombia inició desde 2012 con la firma de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros, y en 2023 se cumple 11 años exactamente. 

Desde que el país se comprometió con las buenas practicas internacionales en torno a la prevención de estos riesgos, hemos visto el esfuerzo de algunas entidades estatales por reglamentar la forma en la cual las sociedades colombianas sujetas a su supervisión deben autorregularse e implementar sistemas que busquen la prevención y manejo de riesgos asociados al lavado de activos y/o a la corrupción. Al igual que otros países, como México y Argentina, un grupo de entidades colombianas ha establecido sistemas para la prevención de estos riesgos, como el hoy SAGRILAFT y los PTEE. Hasta el momento, dentro de este grupo de entidades tenemos Superintendencias como la de Sociedades, la Financiera y la de Transporte e incluso la Alcaldía Mayor de Bogotá.

A pesar de los regímenes ya reglamentados, persiste la pregunta de ¿qué pasa con las sociedades cuya autoridad de supervisión no ha establecido la obligación ni los parámetros para la adopción de estos sistemas de cumplimiento?. Este resulta ser el caso de todas las sociedades que se dedican al transporte tanto de carga como de pasajeros, las entidades financieras y las que prestan servicios públicos, que quieran implementar sistemas anticorrupción y en algunos casos también ocurre frente a sistemas de prevención de riesgos LA/FT.

Al chocar con esta realidad nos encontramos con un gran vacío regulatorio en Colombia por parte de las entidades de supervisión, vacío que recodemos cumple 30 y 11 años respectivamente. Seguimos a la espera de que estas entidades reglamenten el diseño, implementación y desarrollo de los programas de cumplimiento, aún más ahora con el empujón que al respecto de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial dio la reciente Ley 2195 de 2022. 

Mientras tanto, desde CMM hemos propuesto a nuestros clientes una alternativa. La solución por ahora será similar a la supervisión residual ejercida por la Superintendencia de Sociedades, de manera que, en aquellos casos en los que la entidad de supervisión no haya reglamentado estos aspectos, las sociedades que deseen implementar sistemas de cumplimiento podrán ajustarse a los lineamientos más completos que existen en el país al momento, los dictados por la Superintendencia de Sociedades por medio de los capítulos X y XIII de su Circular Básica Jurídica.

La Superintendencia de Sociedades terminará adoptando temporalmente a las sociedades huérfanas en temas de prevención de riesgos LA/FT y de corrupción, mientras que las respectivas entidades de supervisión se encargan de reglamentar lo necesario. Una vez sean determinados los regímenes específicos para cada sector, bastará con actualizar los sistemas ya implementados en las empresas y ajustarlos a la nueva normativa. Sin desmeritar los esfuerzos por tener compañías más transparentes y legales, esfuerzos que recordemos, traen entre otras consecuencias, la valorización de acciones y la celebración de negocios más seguros.

Con la pandemia derivada del Covid-19 las instituciones han buscado adaptarse a la realidad digital, tecnológica y generacional con más impulso, pues se evidenció la necesidad de que innumerables trámites se agilizaran y simplificaran para poder dar continuidad a la operatividad de los sistemas ante el impacto económico generado con los cierres y toques de queda.

Colombia se adaptó a esta realidad, tanto así, que en el informe del Global Entrepreneurship Monitor 2022, quedó como el mejor país de Latinoamérica para quienes desean emprender, y se evidenciaron los esfuerzos por dar a los emprendedores facilidades para utilizar la tecnología en la digitalización y agilización de trámites.

Un ejemplo fue el logro de que la Dian, en conjunto con Confecámaras y las Cámaras de Comercio eliminarán la presentación del Pre-RUT; uno de los trámites más engorrosos y burocráticos para la creación de empresas. No solo era complicado diligenciarlo. Implicaba duplicar la información que estaba siendo presentada cuando se constituía una sociedad.

El Banco de la República también buscó agilizar sus trámites en materia de registro de operaciones de obligatoria canalización mediante la creación del “Nuevo Sistema de Información Cambiaria”, que permite el registro, transmisión y consulta de información cambiaria por parte de inversionistas y empresas receptoras. Sin embargo, esta iniciativa de digitalización de los procesos le ha quedado grande al sistema; ¿Cómo es posible que para registrarse como agente autorizado para reportar operaciones, deba hacerlo vía correo electrónico y se tomen 15 o más días hábiles para dar respuesta (muchas veces pidiendo algún soporte adicional)?, antes, simplemente se transmitían los formularios y los registros quedaban realizados con mayor rapidez. Trasladar al ecosistema digital los vicios paquidérmicos que nos remontan a la pre pandemia es como cambiarle sólo la carcasa al sistema que siempre ha imperado. Bienvenida la creación del Sistema, sólo si trae consigo las bondades de la automatización y la digitalización.

Ahora, vamos a los bancos: los criptoactivos y el metaverso llegaron, y llegaron para quedarse. Es cierto que es algo novedoso y que aún hay mucha gente que no comprende de qué se trata ni con qué se come. En materia de regulación, la Superfinanciera anunció que ya tiene listo el borrador de la normatividad de criptomonedas, el cual fijará reglas para las operaciones con estos activos, lo cual es un gran avance y pone a Colombia en la actualidad transaccional y permite su competitividad en dicho universo. He sabido que los bancos no tienen prevista una plataforma que facilite a los usuarios el movimiento de sus activos para transar en criptos, y lo que es aún más contradictorio, algunos han bloqueado operaciones de ingreso de divisas porque quienes giran los recursos, hacen operaciones con cripto en el exterior.

Es hora de tomar riesgos coherentes con la política. No se trata de parecer un hub a la vanguardia en los NFTs. Principalmente hay que ser. Y corresponde a todos los actores, banca y reguladores, entrar en sintonía con la realidad mundial. Antes de posar como un destino de avanzada, parece que falta estudiar para entender suficientemente este ecosistema, pero no por eso, podemos alimentar el miedo, el trámite y la necesidad del sello. Sólo así se ayuda al país a evolucionar dejando la paquidermia que ha de quedar en un museo como un jocoso recuerdo de nuestra historia.

Fuente: La República

La Cámara de Representantes decidió excluir la especialidad penal del proyecto de ley que busca hacer permanente el Decreto 806 de 2020. Acogiendo el consejo de la Corte Suprema, se oponen a que en un proceso penal haya audiencias virtuales, se remitan poderes sin ritualidades excesivas, se intercambien documentos por vía digital, se realicen notificaciones a través de correo electrónico.

Durante la pandemia, los usuarios de la justicia, jueces, litigantes y fiscales, tuvieron una vida más simple. O por lo menos, más acorde con el mundo actual. La justicia, antes de la pandemia, estaba atrapada en un anacronismo que se resistía a evolucionar. Después de marzo del 2020, cobraron vida medidas elementales para facilitar su acceso. Ninguna es una creación futurista, ni es traída de la ciencia ficción de Luc Besson. Solo fueron medidas que sirvieron para que la prestación de un servicio público se valiera de los avances de la tecnología y la información. Tan simple como suena.

Bajo el pretexto de que en el proceso penal están en juego garantías fundamentales y derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia recomendó a la Cámara retirar del proyecto de ley a la especialidad penal. Como si la virtualidad fuera un obstáculo. Peor aún: como si en la especialidad laboral o civil, se ventilaran controversias de menor valor, o como si en esos procesos no tuvieran que garantizarse otros derechos fundamentales diferentes a la libertad o el derecho de defensa. Como si un juez laboral o administrativo no tuviera que apreciar el comportamiento de un testigo a través de sus sentidos. Como si no tuviera que lidiar con esas contingencias.

A la Corte, que recomendó la exclusión de la especialidad penal de la virtualidad, se le ha criticado históricamente por estar desconectada de la realidad de los jueces municipales, de circuito y sus congéneres en la Fiscalía. Como la Corte no atiende audiencias preliminares, no decide sobre búsquedas selectivas, no concede permisos para trabajar, no se pronuncia sobre la suspensión de registros fraudulentos ni emite controles de legalidad; a esa Corte le queda muy cómodo decir que la virtualidad obstaculiza la garantía de los derechos fundamentales. Desconocen que el proceso penal es mucho más que la audiencia de juicio oral, y en todas las etapas previas, surtidas mediante audiencia, la virtualidad es apropiada, necesaria y garantiza por lo menos una docena de derechos fundamentales.

Esta protesta va en nombre de todos los que tenemos que tomar café recalentado, los que tenemos que sentarnos en una butaca para alegar e interrogar. Los que tenemos que pagar para poder entrar al baño de un edificio público; los que no tenemos un ascensor en el complejo judicial más importante del país. Los que esperamos horas para que nos digan que la audiencia fue aplazada. En nombre de los jueces, oficiales y secretarios y sus calendarios colapsados por salas no disponibles. De los usuarios que tienen que pagar el traslado de sus abogados para atender una audiencia en otra ciudad.

El Estado tuvo dos años para hacer ajustes y adecuaciones para que la justicia digital no fuera trasladar la dinámica de una audiencia en el plano análogo a una teleconferencia en un aplicativo llamado LifeSize. Era necesario hacer ajustes y no se hicieron, y las críticas, son las que hoy justifican el raciocinio de la mayoría de la Cámara. A esa Corte, que despacha desde las cómodas salas de audiencias del Palacio de Justicia, y a la Cámara, que no vive en este hábitat, les queda muy fácil opinar y legislar sobre las bondades de la presencialidad, desconectados por completo de la realidad que vivimos nosotros, sus colegas y los usuarios cuyos impuestos pagan sus salarios.

Fuente: La República

Es innegable el trabajo hecho por el Gobierno Nacional para adelantar a gran velocidad proyectos de transición energética, el desarrollo de la agenda ambiental y la gestión regulatoria para cumplir los compromisos multilaterales adquiridos en materia de cambio climático.

Los ministerios de Energía y Hacienda llevan tiempo trabajando para los resultados que hoy en día comparten, como si fuera una sola cartera.

Con la promulgación de la Ley 2169 de 2021 de acción climática, que generó instrumentos para lograr las metas de carbono neutralidad y disminución de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), recibimos en el mismo año 2021 dos emisiones de TES verdes (merecedor del premio de Bond Awards 2022). Este bono verde logró recoger recursos para desarrollar todos los proyectos ambientales que se exigen a grito herido.

Colombia se convirtió en el primer país en América Latina en publicar el documento de taxonomía verde, como sistema de clasificación de actividades económicas y activos, e identificación de proyectos ambientales que podrán ser objeto de inversión.

Este documento es la herramienta que permite impulsar la movilización y el uso de esos recursos hacia inversiones ambientales para el cumplimiento de los compromisos del país y que generará el desarrollo de mercado de capitales llamados “verdes”.

El documento definió los usuarios de la taxonomía y determinó como objetivos ambientales para mitigación de emisiones cinco sectores: energía, construcción, gestión de residuos y captura de emisiones, suministro y tratamiento de agua, transporte, tecnologías de la información y manufacturas. Sin embargo, en un capítulo especial ubicó ganadería, agricultura y forestal como actividades de gestión del suelo para trabajar en adaptación al cambio climático, conservación de los ecosistemas y biodiversidad.

Un año que se va a recordar como el más “verde”, además por el proyecto de hidrogeno verde liderado por Ecopetrol que pretende convertir a Colombia en importante productor y exportador de este químico.

En mi opinión todo hace parte del rompecabezas y no es moda, sino una necesidad globalizada y obligación del país. Es el resultado de políticas públicas debidamente coordinadas. Pero ¿cuál es la relación de todo esto con el fracking? y ¿por qué de forma paralela se avanza con esta actividad que no es tan “verde” y es mucho menos popular?

El Proyecto Piloto de Investigación Integral Kalé, cuya viabilidad ambiental ha sido aprobada el pasado 28 de marzo por la Anla, podría eventualmente, y según los resultados, ayudar a la autosuficiencia energética, y aportar con la anhelada transición de energías fósiles a energías limpias.

Según voces autorizadas, el fracking junto con el gas, sería fundamental para el proceso de autosuficiencia y la progresiva descarbonización, sin ser necesariamente parte del rompecabezas porque la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos continúa para mantener la autonomía. “Si no vemos, no sabemos”, y ejecutar los Proyectos Piloto permitirá la evaluación científica y ambiental de los resultados.

Desafortunadamente este tema se convierte en agenda política y será manipulado sin el contexto del proceso ya iniciado, pero desmotar al país de esta actividad “verde” será muy difícil.

Fuente: La República